El 21 de julio de 1936, el Consejero de Cultura catalán Ventura Gassol y su ayudante, trataban de organizar a los voluntarios para salvar el mayor número de objetos de arte. A los voluntarios se les daba un salvoconducto firmado por el Consejero que no siempre protegía ni era aceptado por las patrullas milicianas, fieles a sus sindicatos y partidos políticos más que a la Generalitat.
La misión de estos voluntarios era acceder al interior de los edificios e iglesias que ardían por toda la ciudad y visitar a los propietarios de colecciones de arte con la intención de convencerles para que cedieran sus obras a la Generalitat, a fin de encontrarles un lugar más seguro.
Entre tanto desorden, el riesgo que corrían los voluntarios era muy alto. Tanto, que Rafael Fuster y Enrique Alexandrino fueron detenidos y fusilados, tras ser confundidos con saqueadores. Sin duda alguna las actuales colecciones de los museos catalanes no serían lo que son sin esta labor no reconocida lo suficiente.
En el Palau de la Generalitat empezaron a amontonarse objetos recuperados de la destrucción. El Consejero había mandado guardias armados para proteger la Catedral, Montserrat, el Palau episcopal y el palacio de Pedralbes.
La ira de la revolución se dirigió a todo lo que la iglesia representaba. El objetivo primero de los incontrolados fue el patrimonio religioso. En la prensa, los anarquistas exponían las razones de su actuación: «… hemos incendiado los edificios religiosos, que son vergüenza de nuestro pueblo, para dejarlos reducidos a la nada, de donde no debieron haber surgido» (Solidaridad Obrera, 25 de julio 1936).
Donan el legado de Víctor Català (Caterina Albert i Paradís), escritora de referencia del modernismo catalán https://t.co/mytybF3yAR pic.twitter.com/fxl4tEqOnG
— Eva Moll de Alba (@eva_moll) 3 de agosto de 2017
Lo cierto es que la Generalitat y la Consejería de Cultura, no vieron el proceso anticlerical bajo una perspectiva del todo negativa. La revolución era buena para iniciar una gran reforma museográfica contando con las colecciones privadas requisadas que sin el levantamiento militar habrían continuado en manos de sus dueños. En ningún momento se compensó a los propietarios legítimos. Una medida que se verá reforzada con decretos como el del 5 de enero del 38, en el que todos los bienes muebles e inmuebles pasan a ser considerados de propiedad pública, aunque en ese momento estuvieran en manos privadas.
Como ejemplo la escritora Caterina Albert, fue una de las más perjudicadas por esta medida ya que le requisaron su colección de material arqueológico de Empúries, que no pudo recuperar, ni cuando los franquistas tomaron el poder. Hoy, muchas de las piezas siguen luciendo un «CA» en las vitrinas del museo emporitano.
Para el gobierno de la República, el arte y el patrimonio era un símbolo que les legitimaba en el poder frente a Franco. Por eso no dudaron en hacer que las grandes obras del Prado viajaran con ellos por España (Madrid, Valencia, Barcelona, provincia de Girona) mientras avanzaban los nacionales y terminaran, como ellos, «exiliados» en Ginebra. Cuando el gobierno republicano de Juan Negrín llega a Cataluña, ordena que todos los bienes, entre ellos los del tesoro artístico catalán, viajen a Suiza pese a la oposición de la Generalitat.
El bando nacional reaccionó tras comprobar que la destrucción del arte podía ser un arma tan decisiva como las balas en el frente. Las portadas de los diarios con imágenes de iglesias y arte sacro destrozadas tuvieron un impacto negativo en las ayudas de las potencias extranjeras a la República, ya que era imposible justificar ayudar a un gobierno que no podía controlar esa destrucción. De esta manera se inicia un programa de propaganda y contrapropaganda de los 2 bandos para convencer a los países europeos de la legitimidad de su causa.
Fuente: Salvem l’Art. La protecció del patrimonio cultural català durante la Guerra Civil. Francisco Gracia y Glòria Munilla
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